Con el paso del tiempo, los argentinos aprendimos a convivir con las consecuencias nocivas de una inflación crónica y sus variados efectos sobre la economía real. Algunos de ellos, a pesar de ser inmediatos, son ampliamente tolerados, como el “impuesto inflacionario” y la dispersión de precios que obliga a pedir y comparar siempre varios presupuestos. Por el contrario, otros efectos colaterales son menos soportables producto de ser “muy explícitos”.
En este último grupo se ubica el impuesto a la renta de las personas físicas, comúnmente llamado impuesto a las ganancias. Este tributo, aunque de larga existencia, cobró notoriedad con el aumento de su peso en los últimos años y, en particular, a partir de 2016 cuando se regularizó la situación de más de 700.000 trabajadores eximidos en el período 2013-15 que comenzaron a tributar. En consecuencia, el impuesto llegó a alcanzar a 1 de cada 4 trabajadores registrados en 2020.
Adicionalmente, el Mínimo No Imponible comenzó a actualizarse en función de los salarios. Como estos crecieron menos que el nivel de precios, el impuesto a las ganancias se volvió antipático para muchos trabajadores que veían una merma de su poder adquisitivo en conjunto con una mayor presión impositiva. De esta manera, su reducción se volvió una promesa política constante, especialmente de las oposiciones, tanto de uno como del otro lado del espectro ideológico. Ahora bien, ¿tiene sentido bajarlo? ¿es óptimo desde el punto de vista de la equidad y el crecimiento? ¿cómo impactaría en las cuentas fiscales?
El impuesto a las ganancias a las personas físicas alcanza a los trabajadores registrados de mayores ingresos, es decir, a la parte más alta de la pirámide salarial. Por lo tanto, es uno de los impuestos más progresivos que tiene nuestro sistema tributario. Si bien es cierto que una persona soltera que cobra ARS 75.000 está lejos de ser “rica”, no es menos cierto que se encuentra dentro del 20% de mayores ingresos en un país en el que 4 de cada 10 argentinos están bajo la línea de pobreza. En consecuencia, no parece ser deseable desde el punto de vista de la equidad relajar este tributo.
Ahora bien, tal como dijimos más arriba, el impuesto a las ganancias se cobra a partir de un descuento muy explícito, de modo que no pasa desapercibido como otros tributos que ya están incorporados en los precios. En este marco, el Congreso parecería pronto a aprobar una deducción especial en el MNI para que comiencen a tributar quienes perciben ARS 150.000 -hoy lo hacían los solteros y casados que cobran ARS 75.000 y ARS 100.000, respectivamente- y a restringir la cantidad de haberes mínimos que empujan a los jubilados a pagar este tributo, subiéndola de 6 a 8. Como se desprende de la suba del MNI sin un aumento generalizado de salarios, la cantidad de personas comprendidas bajo este impuesto se reduciría: solo quedarían alcanzados el 10% de los contribuyentes actuales en el corto plazo.
Si bien mejorar los ingresos de cualquier sector de la población siempre es deseable, en este contexto de crisis también hay que considerar el costo de la medida. En este sentido, el impacto fiscal de la medida pasaría a ARS 40.000 millones (+0,1% del PBI), un esfuerzo que puede parecer acotado, pero representa dos meses de la Asignación Universal por Hijo y duplica el gasto de capital destinado a escuelas y vivienda realizado el año pasado. Por lo tanto, cabe también la discusión de dónde están asignándose las prioridades.
Por otro lado, para compensar parte de esta pérdida el proyecto contempla endurecer la presión impositiva sobre las empresas, desandando la reforma de 2017, que llevaba de 30% a 25% la carga para las firmas. Además de que esta decisión iría en contra de la lógica mundial, que se esfuerza cada vez más por alcanzar a las personas físicas en lugar de las empresas, golpearía la inversión. Esta dinámica negativa obedece a que se encarecería el costo del capital -hará falta una mayor rentabilidad antes de impuestos para que el mismo proyecto sea atractivo-, a la par que dará otra señal más de que la discrecionalidad “supera” a las reglas, agregando incertidumbre a un contexto ya de por sí bastante complejo.
Más allá de las críticas mencionadas, la medida también presenta aspectos positivos. Por ejemplo, apuntalará el ingreso disponible de un porcentaje significativo de los trabajadores formales. En consecuencia, podría impulsar la recuperación de la economía en el corto plazo, a través de una mejora en las variables asociadas al consumo. No obstante, considerando que la población de más altos ingresos es también la que posee una mayor capacidad de ahorro (en términos porcentuales), es probable que una parte del costo fiscal no vuelva a la economía a través de la demanda privada. En el extremo, si la economía no lograra reducir la incertidumbre -y los rendimientos de las colocaciones en pesos siguieran en terreno negativo- esta “masa de ingresos” podría volcarse al dólar paralelo, generando nuevas fuentes de presión cambiaria.
En síntesis, la relajación del MNI del impuesto a las ganancias es una medida que no mejora la regresividad de nuestro sistema tributario y profundizará el bache fiscal en un contexto de aumento de la pobreza y de déficit récord. Por lo tanto, no parece ser la medida más adecuada: aunque ayudará a muchos trabajadores que están lejos de ser ricos, lamentablemente, una economía con 40% de pobreza y niveles similares de inflación tiene otras urgencias.
