Economía
Las protestas que se desarrollan en distintos países latinoamericanos hacen que nos preguntemos qué tan probable es que ocurra algo similar en el Perú. Al respecto hay que indicar que la probabilidad es baja por varias razones. Entre ellas tenemos, primero, que el costo de protestar es bastante alto debido a que una gran mayoría financia sus gastos con el trabajo diario. La segunda, es la elevada informalidad (con los problemas que ello implica) que hace que el Estado sea más bien lejano para el ciudadano promedio y no se le vea, necesariamente, como un proveedor de bienestar (o malestar). Tercero, hemos tenido algunas válvulas de escape, entre las cuales destacan la disolución del Congreso y el accionar del grupo de fiscales encargados del caso Lava Jato que, más allá de algunos excesos, ha mostrado genuinos avances en la lucha contra la corrupción.
Política
Faltando algo más de un mes para la elección de los congresistas que completarán el periodo de gobierno (a julio de 2021), las encuestas indican que el nuevo Parlamento contaría con una importante participación de los partidos de oposición, en particular de Fuerza Popular. Esto significaría un importante reto para la gestión del presidente Martín Vizcarra. De momento, el gobierno se encuentra legislando por medio del mecanismo constitucional de los decretos de urgencia (DU). Algunos de los publicados responden a reclamos directos de la población, como el de provisión de medicamentos genéricos, que están en la línea correcta, y otros son bastante más discutibles, como el de hacer crecer la cobertura del seguro público subsidiado. Además, se han incluido varios que buscan dinamizar la economía, en particular, a través de la eliminación de trabas para que se pongan en marcha grandes proyectos de infraestructura.
