¿Cuál fue el resultado fiscal de abril?
El Sector Público Nacional no Financiero tuvo un déficit primario de casi ARS 230.000 millones en abril de 2020, equivalente a -0,8% del PBI. De este modo, el rojo operativo alcanzó ARS 385.000 millones en los cuatro primeros meses del año y ya acumula -1,4% del PBI.
Por su parte, el pago de intereses fue de ARS 37.000 millones el mes pasado, provocando un déficit financiero de ARS 266.000 millones (-1% del PBI). Así, el rojo financiero alcanzó ARS 590.000 millones (-2,1% del PBI) durante el primer cuatrimestre de 2020.
La cuarentena y las cuentas públicas
Seguramente abril será el mes en donde la cuarentena estuvo más operativa en el territorio nacional, ya sea por la vigencia de la misma a lo largo del mes o por la severidad de las restricciones impuestas. En términos económicos, la imposibilidad de producir o comercializar bienes y servicios -exceptos en algunos casos esenciales- dinamitó los ingresos públicos, que solo avanzaron 14% i.a. (-60% i.a. en términos reales). El derrumbe de la recaudación -que representa el 90% de los mismos- está detrás de esta dinámica: creció apenas 16% en relación a abril de 2019.
Asimismo, el gasto primario ascendió a ARS 545.000 millones, un avance de 96,8% i.a. (+35,3% i.a. en términos reales), más que quintuplicando el crecimiento nominal de los ingresos. La cuarentena complicó la ya delicada situación de la población vulnerable, lo que requirió un esfuerzo fiscal de magnitud, canalizada a través del gasto social: las prestaciones sociales crecieron 99,4% i.a. (+37,1% i.a. en términos reales) tras el pago de gran parte del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), bono de $3.000 de haberes mínimos correspondientes al mes de marzo, la entrega de tarjetas alimentarias y el pago de parte de los salarios en el marco del programa ATP.
Los gastos de funcionamiento mostraron un incremento de 46,5% i.a., quedando en línea con el avance de los precios. El pago de salarios, que explica gran parte de esta partida, trepó incluso por encima de la inflación (+6%) en la comparación interanual.
Luego, si bien los subsidios económicos y la transferencias a las provincias representan conjuntamente solo el 20% del gasto primario, exhibieron un incremento de tres dígitos en la comparación interanual (+158% y 800%, respectivamente). El segundo caso se dio tras los mayores requerimientos de asistencia financiera de las administraciones subnacionales, cuyas arcas vienen también sufriendo el aislamiento social: caen los recursos propios y la coparticipación correspondiente. En consecuencia, esperamos que en el corto plazo esta partida continúe creciendo por encima de la media.
Por último, el gasto de capital creció 45,4% por asistencia financiera a AySA y transferencias para la construcción de hospitales modulares en el marco de la emergencia sanitaria.
¿Qué esperamos para los próximos meses?
La suerte de los ingresos y gastos está atada al desenvolvimiento de la pandemia y la gestión de la misma. Por el lado de los ingresos y la recaudación la explicación parece sencilla: en la medida que la actividad no muestre cierto dinamismo, la recaudación seguirá exhibiendo contracciones reales de dos digítos. Una masa salarial en retroceso y un consumo limitado a las actividades esenciales impondrán un techo muy bajo a los ingresos totales.
En lo que respecta al gasto, la relación es similar. La necesidad crece en la medida que se mantengan mayores restricciones, aunque también es cierto que existen algunos matices. El aislamiento social y las restricciones para ejercer una diversa gama de ocupaciones continuará requiriendo una asistencia sin precedentes a fin de evitar el colapso social. En este sentido, la prolongación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante los meses del invierno -algo que parece muy probable-, así como los distintos programas destinados a la distribución de alimentos (incluyendo la tarjeta alimentaria) engrosarán las prestaciones sociales. Este esfuerzo será puntualmente necesario en AMBA, que ya representa más del 90% de los contagiados del país, y cuya salida del confinamiento supone un desafío producto de la densidad poblacional y características habitacionales. Las disparidades geográficas también supone que, en la medida que las provincias retomen sus actividades, la necesidad de financiamiento de parte del Tesoro Nacional se relajará.
Por otro lado, recientemente se anunció -en ausencia de una nueva fórmula de movilidad- un incremento de 6,12% para todos los haberes y beneficiarios de asignaciones en el mes de junio. Este aumento implica un recorte en términos reales si tenemos en cuenta que la última fórmula vigente ajustaba en función de los precios y los salarios. Así, la pandemia propició una reasignación del gasto social, el cual se direccionó a los jubilados de menores haberes y a parte de los trabajadores informales.
En definitiva, prevemos una continuidad de deterioro fiscal en el corto plazo, que coincidirá con cuánto tiempo dure la cuarentena en el conglomerado más populoso del país. El derrotero del déficit dependerá del país que encontraremos en el camino de la recuperación: un mercado laboral devastado -sea por nivel de empleo o salarial- pondrá un límite en el gasto de los hogares y la recaudación, a la vez que requerirá un creciente gasto para cada vez mayores sectores de la población. De yapa, una mayor informalidad -también alentada por la autoridad monetaria, al imponer mayores restricciones en el mercado cambiario, incluso en las transacciones que no requiere el uso de reservas propias- también podrá dificultar el ingreso de pesos al circuito formal de la economía.
En consecuencia, el aumento del gasto, junto a la caída de los ingresos, llevará a que el déficit fiscal primario ronde 4-5% del PBI en 2020, un pico desde 2016. La situación es extraordinaria y amerita esfuerzos en este sentido, esperamos que estos esfuerzos no se vuelvan en contra una vez superada la pandemia.
